La implantación de plantas de biometano en Aragón avanza con rapidez y escasa visibilidad pública. A través de una compleja búsqueda en la web del INAGA, se han identificado 9 proyectos que suponen más de un millón de toneladas de residuos tratados y casi 700 GWh de energía generada. Sin embargo, la falta de información clara y accesible deja a la ciudadanía fuera del debate. ¿Sabemos realmente qué se está proyectando en nuestro territorio?
En Aragón, el desarrollo de plantas de biometano avanza a gran velocidad. Según los datos recopilados por un ciudadano con mucha paciencia —porque no ha sido nada fácil— se han podido localizar 9 proyectos actualmente en tramitación en el portal de información pública del INAGA (http://www.aragon.es/inaga/informacionpublica).
Estos proyectos están ubicados en:
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Almunia de Doña Godina
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Barbastro
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San Esteba de Litera (2 plantas: Ence Biogás y Belenergia)
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Candasnos
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Esquedas
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Zuera
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Fraga (Biored)
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Albeda
Estos 9 proyectos suponen ya más de 1,15 millones de toneladas de residuos al año y la generación de 694 GWh de biometano. Proyectando este ritmo, con los 48 proyectos en tramitación conocidos por INAGA, Aragón podría alcanzar las 6,1 millones de toneladas de residuos anuales y 3.648 GWh de producción energética. Una magnitud que requiere de control público, debate ciudadano y transparencia institucional.
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| Proyectos de plantas de biometano encontrados en el INAGA |
¿Dónde está el problema?
Encontrar estos proyectos ha sido como resolver un rompecabezas. En la web del INAGA no existe un buscador directo ni por categoría de proyecto. Hay que conocer de antemano la empresa promotora, el municipio o el término "biogás", lo cual no siempre es evidente. Pero no solo eso: los proyectos no incluyen resúmenes comprensibles para la ciudadanía, ni hojas informativas claras. Esto obstaculiza el derecho a la participación pública y la comprensión social de lo que realmente significan estas infraestructuras para el territorio.
¿Qué necesitamos?
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Transparencia real: información clara y accesible para cualquier persona, sin necesidad de conocimientos técnicos ni navegación compleja.
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Evaluación pública de impacto territorial y ambiental acumulado, no caso a caso.
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Mecanismos de participación ciudadana más allá del trámite formal de alegaciones.
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Modelos de gobernanza rural más democráticos, donde la población pueda tener voz y voto ante proyectos de gran escala.
Porque si el futuro energético y agrícola de Aragón se decide entre expedientes técnicos poco accesibles, empresas extranjeras y decisiones administrativas invisibles, la sostenibilidad se queda coja.
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Daniel Vallés Turmo
